La protesta contra la no actualización de las pensiones llega a la
calle. La Cumbre Social, el movimiento que agrupa a más de un centenar
de organizaciones entre las que están los sindicatos y las asociaciones
de consumidores, ha convocado movilizaciones en medio centenar de
ciudades contra las últimas medidas del Gobierno. Sus protestas se han
dirigido tanto al Gobierno central como al de los ejecutivos
autonómicos quienes a su juicio "continúan infringiendo derechos sociales y colectivos, y desmantelando prestaciones y servicios esenciales".
Antes
de arrancar la marcha por el centro de Madrid, los líderes de los
sindicatos UGT y CCOO han criticado duramente la decisión del Gobierno
de no compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación.
Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la medida del
Gobierno"es un incumplimiento Constitucional, es un fracaso en términos sociales y una injusticia en términos democráticos".
Por
su parte, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha subrayado que la
decisión sobre las pensiones "es la antesala de próximos recortes". "Si algo necesita España es estabilidad en materia de pensiones",
ha añadido. Para Toxo, "la llave de la intensidad de las próximas
movilizaciones la tiene el Gobierno, aunque de momento no está prevista
una huelga general"
Los convocantes denuncian el incumplimiento de
la promesa electoral del Gobierno de Mariano Rajoy al no aplicar la
actualización de las pensiones conforme al IPC, como establece la ley.
Este hecho junto con la subida de las tasas judiciales, la escasa
respuesta del Gobierno ante las dramáticas consecuencias de los
desahucios, los planes del ejecutivo madrileño de privatizar la sanidad
pública, el anteproyecto de ley de educación LOMCE y el creciente
aumento del número de españoles en riesgo de exclusión han sido las
causas que han llevado a la calle a cientos de madrileños. Incluso,
desde la Cumbre Social, se ha hecho un llamamiento para exigir un
referéndum.
Ya esta mañana, los sindicatos UGT y CCOO han hecho entrega en la oficina del Defensor del Pueblo de su petición para que recurra ante el Tribunal Constitucional
el Real Decreto-ley que suspende para este año la revalorización de las
pensiones en función del IPC, alegando que hay "fundamentos jurídicos
sobrados" para ello. WRU222
Fuente: Público
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