Hoy a las 18 hs. se desarrollará el pleno ordinario correspondiente a los presupuestos generales para el año 2013.
A continuación, os dejamos la convocatoria del pleno y toda la información relacionada con el mismo, incluídas las mociones del PSOE e IU.
La moción de IU es la siguiente:
AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS.
Juan
José de Blas Llorente, Portavoz del Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento de Galápagos, presenta para su discusión y aprobación
esta Moción
sobre
“Acciones Municipales Contra el Fraude Fiscal” en base a los
siguientes
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
LA
CORRUPCION EN LA POLITICA Y EL URBANISMO
Un
país con un alto índice de corrupción elabora políticas para
beneficio de unos pocos, y no del conjunto de la sociedad, genera
infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos
privatizados, y condena a los empresarios no corruptos a competir en
desigualdad de condiciones. La corrupción produce un deterioro en el
funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera
profundas desigualdades sociales. En resumen, la Corrupción
desgasta, degrada y destruye la democracia. Así pues la lucha contra
la corrupción se muestra como una imperiosa necesidad para
salvaguardar la democracia.
La corrupción, está
provocando una brecha entre la ciudadanía y los políticos, que a
menudo se traduce en la asunción de la corrupción como si esta
fuera parte inalienable de la política, y por tanto en un mayor
nivel de absentismo electoral, y un descreimiento de la democracia.
Además, la corrupción genera un empobrecimiento de los recursos
públicos insoportable más aún en tiempo de crisis, donde los
ingresos de las administraciones se ven además reducidos.
La
mayoría de los representantes políticos españoles son honrados.
Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales
electos y los casos son muy contados. No obstante, en la última
década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el
país, especialmente en las zonas que han experimentado un desarrollo
urbanístico desorbitado.
Los
corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos
o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a
la economía, incrementando los precios de las obras, productos y
servicios; alimentando el déficit público y la inflación;
falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado
que constata el uso indebido de sus impuestos.
La
corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de
un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la
especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia
urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento
explosivo del parque residencial, en un proceso de urbanización sin
precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa
que han contribuido enormemente al agravamiento de la crisis social,
económica y política que vivimos. El fraude fiscal generalizado y
la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno
abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente
regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una
pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha
entronizado el dinero como valor absoluto.
No
hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello
hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
EL
FRAUDE FISCAL
Según el Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha),
el Fraude Fiscal en nuestro país representa unos 89.000 millones de
euros, dinero que año tras año el Estado deja de ingresar. Según
ese mismo sindicato el 75% de ese volumen de fraude lo comenten las
grandes fortunas y grandes empresas.
Por si todo esto fuera
poco, tenemos que tener en cuenta que en España hay un inspector de
hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la
media de los países de la OCDE, y cinco veces inferior a Francia y
Alemania. Todo esto genera que el Fraude Fiscal en nuestro estado sea
uno de los más grandes de la Unión Europea y de la OCDE.
La manera que ha tenido
el Gobierno Central de combatir esta serie de medidas es mediante el
“Plan de Regulación de Activos Tóxicos”, que es un eufemismo de
la Amnistía Fiscal. Este plan consiste en que aquellas personas que
hayan estado evadiendo impuestos tengan un plazo que les permita
presentar una declaración tributaria especial en la que se les grave
un tipo impositivo del 10%. Lo que viene a ser lo mismo: a los
defraudadores, que han estado mermando las arcas públicas -y por
ello fomentando el deterioro de los servicios públicos en su
conjunto- se les perdonan sus delitos a cambio de pagar una tasa muy
inferior a todo lo que han evadido.
Con esta serie de
planteamientos políticos el Gobierno Central da a entender que
defraudar grandes cantidades de dinero, en el fondo, no es tan grave
y que tiene perdón.
Frente a estos
planteamientos, desde Izquierda Unida creemos que las
administraciones tienen que plantear una política de choque contra
el fraude fiscal. Esto afecta al Gobierno Central, y a los Gobiernos
Regionales, pero también a la administración municipal.
En la provincia de
Guadalajara se ha dado el caso de imputados por Estafa Fiscal que son
contratados por las administraciones locales. Desde Izquierda Unida
pensamos que por una cuestión de decencia y de dignidad se tiene que
plantear que las administraciones públicas no deben de trabajar con
imputados por fraude o Estafa Fiscal. Debemos de plantearnos ¿qué
credibilidad puede tener una administración que siguen trabajando
con un presunto estafador a la Hacienda Pública?
Somos conscientes de que
no podemos excluir a nadie en un procedimiento abierto. Pero si que
hay otros mecanismos para plantear una acción desde las
administraciones locales para que no se trabaje con presuntos
estafadores.
LOS
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD Y CONTRATOS MENORES.
La opinión ciudadana
reclama TOLERANCIA CERO contra la corrupción. Y una buena medida
para luchar contra la corrupción, para recuperar la confianza de los
ciudadanos en la actividad política y en las instituciones públicas,
es sin duda la transparencia en la gestión.
Transparencia
especialmente en aquellas áreas de la gestión política que son más
susceptibles de soportar comportamientos alejados del interés
general y en cambio con más posibilidades de burlar la ley para
beneficio de intereses privados o particulares.
Sin duda los principales
contratos que más se prestan a prácticas corruptas son los
contratos menores, sobre los que no existe obligación legal de
publicación en el perfil del contratante, y los realizados mediante
el procedimiento negociado sin publicidad.
Conviene recordar la
definición de los contratos menores según el Real Decreto Ley
3/2011 (Texto Refundido Ley Contratos del Sector Público) y que se
encuentra en el artículo 138.3 párrafo 2: “Se consideran
contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se
trate de otros contratos”.
Se habla pues, de
operaciones que mueven muchos millones de euros al año en nuestra
Autonomía y en nuestros ayuntamientos, repartidos entre miles de
contratos, con escaso o nulo control político, y mucho menos
ciudadano, debido a su forma de adjudicación y a la ausencia de
obligación de su publicación.
Es evidente la necesidad
de publicar los contratos menores y los realizados mediante el
procedimiento negociado sin publicidad como mecanismo de
transparencia, y de lucha contra la corrupción. No hacerlo,
ignorando las opiniones de los expertos, el sentido común y la
exigencia de la ciudadanía, se podría interpretar como un síntoma
claro de que hay algo que ocultar.
En base a lo anterior
propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
- - La Creación de Comisiones de control y seguimiento en las Corporaciones Locales y en los ámbitos de aplicación del artículo 3 del el Real Decreto Legislativo 3/2011 (Texto Refundido Ley Contratos del Sector Público). En dichas Comisiones se garantizará la participación de todos los Grupos municipales de la Corporación.
- - Abstenerse de invitar a los procedimientos negociados, y a los contratos menores, a empresas de las que sean responsables personas físicas que estén imputadas por fraude fiscal, por estafa fiscal o por algunos de los delitos relacionados con la corrupción.
- - Poner a disposición de la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento las actas de las Juntas de Gobierno, y pleno con la finalidad de que puedan acceder a las mismas desde sus casas.
- - Publicar trimestralmente una relación de los contratos menores contraídos durante ese periodo en la que se detalle el contenido del contrato, el adjudicatario, cuantía y periodo del mismo.
- - Habilitar los procedimientos y medios adecuados para que todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo puedan consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.
