Cospedal con una sonora cacerolada
está prohibido en Castilla-La Mancha, como lo prueba los expedientes
sancionadores abiertos contra una veintena de ciudadanos conquenses que
en las últimas semanas se han opuesto a los salvajes recortes
neoliberales que la también secretaria general del PP viene aplicando de
forma indiscriminada en la región manchega. Todo aquel que ose levantar
la voz contra Cospedal será equiparado a los violentos de la “kale
borroca”.
ELPLURAL.COM fue el primer medio de comunicación en recoger las
denuncias de los ciudadanos que advertían del deterioro democrático
experimentado en Castilla-La Mancha desde que el exconsejero de Cospedal
fue nombrado delegado del Gobierno en esta comunidad. Ocho meses
después, Jesús Labrador, se ha convertido en un “fiel guardián de los
intereses de la presidenta castellano-manchega, siempre acompañada por
un inusitado cordón policial, que ni Mariano Rajoy lleva consigo”,
denuncian a este periódico fuentes de la dirección regional del PSOE.
El precio de una cacerolada
Y es que una pitada o una cacerolada no vale lo mismo en Madrid que en
Cuenca. Esperanza Aguirre puede ser abucheada a su llegada al acto de
entrega de diplomas de los nuevos agentes de Policía Local en la
academia madrileña, y a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, no
se le ocurre expedientar a los autores de esa protesta. Sin embargo,
165 kilómetros más al este, concretamente en la calle Calderón de la
Barca de la ciudad de Cuenca, idéntico comportamiento es equiparable a
la “kale borroca” protagonizada por los violentos grupos pro etarras
vascos. ¿Por qué? Fácil: la presidenta de Castilla-La Mancha se llama
María Dolores Cospedal y el delegado gubernamental no es otro que el
“fiel” Labrador.
Atentado contra los derechos ciudadanos
El caso es que una decena de ciudadanos que reprochaban esta semana a
Cospedal los salvajes recortes en sanidad son ahora “perseguidos” por la
Delegación del Gobierno, que ha abierto una decena de expedientes
sancionadores, en lo que los afectados interpretan como un acto de
“agresión injustificada a los derechos básicos de los ciudadanos al
pretender equiparar una pitada/cacerolada absolutamente pacífica con
actos de violencia callejera como realización de barricadas, quema de
contenedores o rotura de escaparates y sancionarlos por “originar
desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o
causar daños graves a los bienes de uso público”.
Boca sellada como protesta
Ante esta insólita situación, más propia de otros tiempos de triste
recuerdo, miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de
Cuenca se personaron en la Subdelegación de Gobierno para presentar las
alegaciones contra los expedientes sancionadores propuestos por el
hombre de Jesús Labrador en la ciudad de las Casas Colgadas. Los
ciudadanos, que acudieron con pegatinas que sellaban sus bocas, con el
lema “los recortes en sanidad matan”, denunciaban también la campaña de
acoso y derribo del delegado del Gobierno, “que pretende amedrentarnos
para evitar la participación ciudadana en protestas pacíficas, y para
ello han comenzado con estos injustificados expedientes sancionadores y
seguirán con otros”, reconoce a ELPLURAL.COM un miembro de esta
plataforma.
Campaña de autoinculpación
Sin embargo, lejos de achantarse, de renunciar a sus justas
reivindicaciones, la plataforma lleva a cabo una campaña de
autoinculpación de cara “a reforzar las pruebas testificales de las
alegaciones que presentaremos para obligar al sobreseimiento y archivo
del expediente sancionador”, solicitando a todos los que “estuvisteis
esa tarde frente a la Cámara de Comercio, aunque fuese tan solo unos
minutos, que os descarguéis, completéis y firméis la siguiente hoja de
autoinculpación (ver documento)”, añaden.
Otros expedientados
Pero aquí no queda el exceso de celo de Jesús Labrador. No, el delegado
del Gobierno también pretende “empapelar” a 14 ciudadanos que el pasado
mes de junio recibió a María Dolores Cospedal con una pitada cuando la
secretaria general del PP se dirigía a clausurar el congreso provincial
conservador de su partido (ver video).
“No me gusta poner multas”
“Ni me gusta que me pongan multas, ni me gusta ponerlas”, reconoce a El
Día el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, quien
“prohibir, perseguir y amedrentar a los ciudadanos”, como denuncian
desde la plataforma, no es otra cosa que aplicar la ley, “igual para
todos y la Subdelegación de Gobierno está para garantizar el derecho de
todos los ciudadanos”, añade en el mismo periódico, “no es prohibir las
manifestaciones, tan sólo cumplir la ley”. wmltuimhrny
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