Este
artículo señala las causas del crecimiento tan notable que está
experimentando la pobreza en España. Entre ellas destaca la reforma
laboral que ha originado un aumento del desempleo y una disminución de
los salarios. Y otra ha sido la disminución de la capacidad
redistributiva del Estado, tanto a nivel central como autonómico,
consecuencia de las políticas fiscales regresivas que han beneficiado a
las rentas superiores, y los recortes de gasto público social que han
afectado negativamente el bienestar de las clases populares.
La respuesta a esta pregunta es fácil.
La pobreza ha aumentado como consecuencia de las políticas públicas que
se han estado aplicando en los últimos años. Y, entre ellas, tres
adquieren especial importancia. Una de ellas es la reforma laboral que
ha tenido como objetivo reducir los salarios, como consecuencia del
aumento del desempleo. Soy consciente de que habrá muchas voces que
cuestionen esta tesis, diciendo que, en contra de lo que digo, la
reforma laboral tenía como objetivo establecer las condiciones para
crear empleo, añadiendo además, que no era su intención bajar los
salarios. Pero la evidencia de lo contrario es abrumadora. Consecuencia
de las reformas laborales que se han ido haciendo (facilitando el
despido de los trabajadores ha aumentado, no disminuido, el desempleo,
destruyéndose miles y miles de puestos de trabajo). Es difícil de creer
que los diseñadores de tales políticas y los legisladores que las
aprobaron no supieran que tales reformas del mercado laboral destruirían
empleo aumentando el desempleo y bajando los salarios. La experiencia
internacional corrobora y confirma la experiencia nacional. Facilitar el
despido determina aumentar el número de despidos y el desempleo, sobre
todo en un momento como el actual, en que no se está creando empleo. La
famosa “flexiseguridad” que se estuvo promocionando por el gobierno
español anterior, según la cual hay que facilitar el despido dentro de
un sistema de seguridad y reciclaje del trabajador, asume que hay
puestos de trabajo a los cuales el recientemente trabajador despedido
puede incorporarse. Este no es el caso. En realidad, los países que han
tenido más éxito en evitar el crecimiento del desempleo son aquéllos
donde se ha repartido el trabajo. Un caso claro es Alemania donde, en
lugar de despedir, lo que se promueve es la distribución del trabajo.
Ello es consecuencia del sistema de cogestión existente en Alemania,
donde los sindicatos a nivel de empresa han dificultado el despido,
facilitando en su lugar el reparto del trabajo (de manera que cada
trabajador trabaja menos horas, manteniendo así el número de puestos de
trabajo).
En España, por el contrario, el
facilitar el despido y debilitar al sindicato mediante la debilitación
de los convenios colectivos, ha disparado el desempleo y ha reducido los
salarios espectacularmente, facilitado por la existencia de los
salarios mínimos más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el
grupo de países más cercanos a España por su nivel de riqueza). La
pobreza entre la población trabajadora ha crecido exponencialmente.
Pero otra causa del aumento de la
pobreza son las políticas fiscales regresivas, que han acentuado todavía
más la escasa capacidad redistributiva del Estado, tanto central como
autonómica. Las políticas fiscales se han caracterizado en los últimos
quince años por una reducción y/o eliminación de impuestos, que ha
significado una merma de los ingresos al Estado, tales como eliminación
de impuestos de patrimonio (2.500 millones de euros), rebajas de los
impuestos de sucesiones (2.552 millones), rebaja de impuestos de las
rentas superiores (como las rentas que ingresan más de 120.000 euros al
año, generando una pérdida de ingreso de 2.500 millones), bajada de
impuestos de sociedades de grandes empresas que facturan más de 150
millones de euros al año (y que representan sólo un 0,12% de todas las
empresas), y que ha significado un descenso de los impuestos de 5.300
millones de euros. Y así un largo etcétera de rebajas de impuestos que
benefician primordialmente a las rentas superiores (que derivan sus
ingresos, en gran parte, de las rentas del capital).
A fin de cubrir tales agujeros en las
cuentas del Estado (contribuyendo al agujero mayor, resultado del enorme
fraude fiscal que, según el Sindicato de técnicos del Ministerio de
Hacienda del Estado español, alcanza la cifra de 90.000 millones de
euros (fraude que se concentra en las grandes fortunas, en las grandes
empresas y en la banca) el Estado (el central y los gobiernos
autonómicos, como la Generalitat de Catalunya) ha reducido los gastos
públicos, incluyendo los sociales (y, muy en particular, las
transferencias públicas –como ayudas a los ancianos, a las familias, a
las personas con discapacidades, entre otros- y los servicios públicos
como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con
dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales,
servicios de integración de los inmigrantes y prevención de la exclusión
social), recortes que perjudican sobre todo a las clases populares,
las mayores usuarias del Estado del Bienestar.
Los recortes fiscales que han
beneficiado a las rentas superiores y los consecuentes recortes de gasto
público social (con el consiguiente empobrecimiento del Estado del
Bienestar) que han perjudicado a las clases populares, han acentuado
todavía más la baja capacidad redistributiva del Estado (tanto central
como el de la Generalitat de Catalunya), que es de los menos
redistributivos existentes hoy en la UE-15. Si no hubiera Estado del
Bienestar (es decir, las transferencias y los servicios públicos), el
24% de la población adulta en Catalunya sería pobre. Con la aplicación
de las políticas redistributivas, la pobreza baja a un 20% (entre niños
se mantiene al 25%), un descenso de sólo 4 puntos. En el promedio de la
UE-15 pasa de un 25% a un 16% (un descenso de 9 puntos), y en Suecia
pasa de un 27% a un 13% (un descenso de 14 puntos). Ésta es una de las
mayores causas de que Catalunya y España tengan el mayor nivel de
pobreza en la UE-15.
Éstas son algunas de las causas del
crecimiento de la pobreza en nuestro país. Este aumento es, pues,
resultado de intervenciones públicas aprobadas y promovidas por partidos
gobernantes que, paradójicamente, parecen ahora alarmarse del tamaño
del problema social que están creando. No deja de ser una paradoja que
la televisión pública catalana TV3 (claramente influenciada por el
gobierno conservador catalán, mayor proponente, junto con el gobierno
conservador español, de las reformas del mercado laboral y de las
políticas fiscales y de recortes de gasto público social) dedique toda
una maratón para recoger cuatro millones de euros para los servicios de
ayuda a la sociedad civil con el fin de ayudar a los pobres, cuando
podrían haberse conseguido 2.500 millones eliminando la rebaja de
impuestos a los ricos (que ingresan más de 120.000 euros al año) o de
los impuestos de sucesiones. Temerosos de que tal paradoja apareciera
durante la maratón, tanto el director general de TV3, el Sr. Eugeni
Sallent, como el Sr. Antoni Bassas, el presentador del programa,
subrayaron que el objetivo de la maratón no era discutir o analizar las
causas del crecimiento de la pobreza (que hubiera mostrado claramente su
complicidad en la creación de tanta pobreza), sino sólo su necesidad de
apoyo inmediato por la sociedad civil. Como decía Monseñor Óscar
Romero, Arzobispo de San Salvador, “siempre me llaman santo cuando
quiero atender a los pobres, pero me llaman “radical extremista” cuando
quiero eliminar la pobreza, eliminando sus causas”. Sería necesario que
la Iglesia catalana y española y las asociaciones próximas a ellas
desearan no sólo paliar, sino también eliminar la pobreza. Podrían
hacerlo denunciando aquellas políticas de recortes en lugar de guardar
silencio, como lo han estado haciendo durante tanto tiempo.
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