La crisis de Bankia ha puesto de manifiesto que la principal razón que ha conducido a la insolvencia a la entidad resultante de la fusión entre Caja Madrid y una serie de pequeñas cajas ha sido la pésima gestión de los administradores nombrados por el PP en el banco, Miguel Blesa, amigo personal de José María Aznar, y Rodrigo Rato, vicepresidente, también de Aznar.
Rato, además, fue compañero de Gabinete del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre 1996 y 2004. La crisis de Bankia es la quiebra financiera más grave de la historia económica española, ha disparado la prima de riesgo por encima de los 500 puntos básicos y amenaza con provocar la intervención de España por la Unión Europea.
Para algunos, sin embargo, no es una sorpresa. Aseguran que no es la primera vez que los que califican como amigos del PP han estado implicados en mayor o en menor medida en la quiebra de un banco. Es el caso de la acusación particular personada en el caso Eurobank, que investiga la descapitalización del desaparecido banco catalán, de la que acusan a su antiguo presidente, Eduardo Pascual Arxé. 
Aunque el caso Eurobank tiene múltiples frentes, en la Auciencia Nacional, en los juzgados de Barcelona, y en los juzgados de Madrid, la causa principal tiene que ver con la quiebra del banco por Pascual Arxé, al que se acusa de apropiación indebida y estafa por haber supuestamente expoliado los fondos del banco ante la inminente intervención por el Banco de España en 2002. Tras una breve administración concursal, Eurobank quebró y el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que hacerse cargo de asegurar el dinero de los ahorradores. Sin embargo, según la acusación, el ministerio fiscal y los dos jueces de instrucción que han tramitado el caso en la Audiencia Nacional, primero el juez Baltasar Garzón, hasta su suspensión en 2011, y luego su sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Pascual aprovechó las semanas previas a la intervención y, de forma concertada con la administradora judicial, María Vaqué, también imputada, utilizó un entramado de sociedades controladas por él mismo para apoderarse de los escasos recursos que quedaban en las arcas de la entidad. De momento, la acusación particular ha cifrado su responsabilidad civil en más de 13 millones de euros.
Ahí es donde intervienen personas consideradas muy próximas a Rajoy y a otras personalidades del Partido Popular, como el portavoz de economía del partido en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte. El juez Pablo Ruz emitió un auto el 13 de abril por el que convertía las diligencias previas del caso Eurobank en procedimiento abreviado y confirmaba la imputación de Pascual y de su equipo. Además, ordenaba la investigación de diversas sociedades del entramado empresarial de Pascual y de sus socios que habían venido solicitando desde 2007 tanto la acusación particular como el ministerio fiscal. Entre esas sociedades figura Real State Acquisitions in Spain, Prevenrisk y Vitalia.
Tras el auto del juez Ruz, la acusación particular, que ejerce el abogado Ricardo Gómez de Olarte en nombre de la Asociación para la Defensa de los Intereses de los Socios y/o Accionistas Perjudicados por la Administración de Eurobank del Mediterráneo, presentó un escrito el martes 29 de mayo en la que recuerda al magistrado el listado de sociedades que en su día pidió que se investigaran y solicita que se impute en el procedimiento no a los administradores actuales de las compañías utilizadas supuestamente por Pascual como instrumento para vaciar las arcas del banco, sino a aquellos consejeros de las sociedades que firmaron las cuentas correspondientes a los ejercicios en los que la entidad fue intervenida y gestionada por administradores judiciales.
En este sentido, llama poderosamente la atención la composición del consejo de administración de Real State Acquisitions in Spain. Según las notas registrales aportadas junto al escrito, entre 2002 y 2006 figuraban como consejeros de esta compañía personalidades muy próximas al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Francisco Marhuenda, hoy director de La Razón, o Jesús Roque Martínez-Pujalte, hermano mayor del portavoz de economía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
El caso de Marhuenda es el de una persona realmente cercana a Rajoy. Nacido en 1961, se ha dedicado durante la mayor parte de su vida al ejercicio del periodismo, excepto en un periodo de más de seis años entre 1995 y 2001. Pero nunca ha sido ajeno a la política, ya que en su día militó en las juventudes de UCD.
Pero en 1995 dio un paso al frente y adquirió un mayor compromiso político: se afilió al Partido Popular de Cataluña, liderado entonces por Alejo Vidal-Quadras, y formó parte de sus listas en las elecciones al Parlament de Catalunya en noviembre de aquel año. Fue elegido diputado autonómico, uno de los 15 que logró Vidal-Quadras en el mejor resultado obtenido hasta entonces por el PP en unos comicios autonómicos en Cataluña. Su condición de persona próxima a Rajoy ya era conocida entonces hasta el punto que renunció a su acta de diputado autonómico en mayo de 1996, cuando José María Aznar formó Gobierno, para incorporarse como jefe de gabinete al Ministerio de Educación, cuyo titular no era otro que Rajoy.
Cuando Aznar formó Gobierno nuevamente tras la mayoría absoluta en marzo de 2000, designó a Rajoy vicepresidente primero y ministro de Presidencia. El 5 de mayo, Rajoy nombró a Marhuenda director general de Relaciones con Las Cortes. Pero no duró ni un año en el cargo. En marzo de 2001, el PSOE denunció en la Cámara autonómica madrileña que Marhuenda era prácticamente el único accionista de la sociedad Estrategias, Asesoramiento y Comunicación, SL, que vendió en 1999 por 18,5 millones de pesetas un fondo bibliográfico al Instituto Ramón Carande, de la Universidad rey Juan Carlos, cuyo consejo de administración estaba presidido por el que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid desde 1995 hasta 2001, Gustavo Villapalos.
El 10 de abril, El País se hacía eco de la denuncia del PSOE madrileño y afirmaba que, además, Marhuenda había incumplido la ley de incompatibilidades porque había seguido cobrando del mismo centro entre 1999 y 2001 hasta alcanzar los 32 millones de pesetas. En la misma información, el rotativo, que citaba “fuentes próximas a Marhuenda”, aseguraba que el hoy director de La Razón iba a abandonar el cargo en los próximos días, “pero no por las denuncias, sino para aceptar una oferta profesional en Barcelona”, porque, en realidad, había “transferido sus acciones de la empresa en 1994, cuando ya tenía previsto concurrir a las autonómicas catalanas”. Efectivamente abandonó su cargo escasos días después.
A finales de 2001 se incorporó como delegado de La Razón en Cataluña, rotativo del que se convirtió en director en 2006. Compatibilizó el cargo con su pertenencia al consejo de administración de Real State Acquisitions in Spain durante todo el tiempo que pasó en Barcelona.
A preguntas de eldiario.es, Marhuenda aseguró que prácticamente ni recordaba su paso por el consejo de administración de la sociedad. Según el director de La Razón nuna supo que el accionista de referencia era Eduardo Pascual –no figura en los órganos de administración de la empresa– y jamás hizo acto de presencia en las reuniones del consejo ni percibió indicio alguno de que el presidente de Eurobank fuera el propietario de la mayoría del capital de la compañía. Además, asegura Maruhenda, tanto él como Pascual eran ciudadanos privados en el momento que el periodista se incorporó al consejo de administración de Real State Acquisutions i Spain y no incurrían en incompatibilidad alguna. Según Marhuenda, fue el constructor Lluís Figueras quien le propuso incorporarse a la empresa, aunque, en realidad, afirma, sólo llegó a poseer “un par de acciones” que transmitió “no sé si por uno o por cinco euros” cuando abandonó su cargo en 2006, tras constatar de que el proyecto “que parecía atractivo” inicialmente, no funcionaba. También asegura que, a pesar de la excelente relación que le une a Vicente Martínez-Pujalte, fue en el consejo de Real State Acquisitions in Spain donde conoció a su hermano Jesús.
El director de La Razón afirma que jamás cometió ni vio cometer a los administradores de la sociedad delito alguno, y que le parece incomprensible la petición de la acusación particular al juez Ruz.
En el caso de Jesús Roque Martínez-Pujalte, su experiencia política es más limitada. Fue diputado de UCD en 1977 y es el hermano mayor de Vicente Martínez-Pujalte, diputado por Murcia desde hace varias legislaturas, portavoz de economía y con una notable influencia en este área.
Todo apunta, según fuentes de la acusación, a que Pascual pretendía reducir el impacto de las acciones judiciales que se le venían encima después de que en 2002 el Banco de España interviniera Eurobank y decidió nombrar consejeros de sus empresas a personalidades conocidas por su proximidad al poder. No son los únicos casos. Durante el mismo periodo, también ocupó un puesto en el consejo de administración de la misma compañía el constructor Josep Singla, considerado en la órbita del PSC, y cliente habitual de uno de los principales imputados en el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña. Singla también está imputado en el caso Pretoria, cuyo instructor es precisamente el mismo juez Ruz. Félix Martínez eldiario.es