Lo crucial de la economía es sencillo de explicar, por más ingeniería
financiera que haya de por medio. España batalla para evitar que el
llamado rescate suave que está negociando con Europa para salvar a la
banca se acabe convirtiendo en un rescate duro en toda regla: el del
propio Estado. El contagio funciona así: los bancos, podridos de
créditos inmobiliarios tóxicos, necesitan del auxilio público; el Estado
los rescata; se endeuda para ello; las dificultades se agravan; el ya
alto precio del dinero sube todavía más; la desconfianza se agudiza; los
mercados se cierran; la hucha pública para pagar las letras que vencen
se va agotando y, al final, es el propio país el que acabar por lanzar
el SOS.
La crisis de los bancos irlandeses ya arrastró a Dublín a pedir el
rescate financiero de todo el Estado. Aunque las diferencias entre este
caso y el español son enormes por la magnitud relativa de las ayudas,
medida con relación al producto interior bruto (PIB). Las entidades
irlandesas han necesitado inyecciones de capital que han superado el 40%
del PIB de la isla (unos 70.000 millones). En España las auditoras
externas fijan las necesidades del sector financiero en un máximo de
62.000 millones. Y aunque ascendieran a esos 100.000 millones que Europa
está dispuesta a prestar al Gobierno, este dinero no representa ni el
10% del PIB español.
La diferencia entre el círculo y el bucle es que el segundo ofrece
una vía de escapatoria. Madrid y Bruselas se afanan en buscarla, pero el
carácter vírico de la crisis financiera española tiene otra vuelta de
tuerca: los principales prestamistas de la deuda pública española no son
otros que los bancos españoles (nutridos por el Banco Central Europeo).
Así que, si un día el Estado dejara de pagar parte de su deuda,
acabaría castigando sobre todo a esa misma banca a la que ayuda. “Si el
Gobierno español rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el
sistema se convierte en una economía vudú”, dijo el Nobel de Economía
Joseph Stiglitz solo un día antes de que España solicitara el rescate al
Eurogrupo.
Este es el motivo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha
intentado en todo momento que el fondo de rescate europeo inyecte
directamente el dinero a las entidades con problemas y no aumentar la
deuda pública ni los riesgos contraídos con la banca. Pero Berlín se
niega en redondo. Enrocada Alemania, España acata, de momento, que los
préstamos vayan al Estado y de ahí a la banca.
¿Qué cortafuegos puede evitar el contagio entre crisis bancaria y
deuda pública? Esa es la gran pregunta del momento. Una parte de la
solución está en manos del Gobierno. En las últimas semanas no hay
analista que no reclame más claridad y solidez a la hoja de ruta del
Gobierno. “España debería tomarlas recomendaciones de la Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional y ponerlas en marcha en plazo
[de tiempo] más corto posible, el Gobierno tiene una holgada mayoría en
el Congreso y puede hacerlo cuanto antes”, apunta Antonio García
Pascual, analista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital.
Entonces, opina, puede venir el apoyo más contundente del BCE y Europa,
es decir, créditos más baratos para los bancos o la compra de bonos para
frenar las altas rentabilidades.
“España debe recuperar la credibilidad, pero el problema es que esta
se recupera con hechos, y estos requieren un tiempo que ahora el país no
tiene. Por eso, aunque haga los deberes, en el corto plazo solo la
ayuda del Banco Central Europeo y la Unión Europea pueden comprar ese
tiempo”, advierte Ignacio Rodríguez, responsable en España de M&G
Investments, una gran gestora de renta fija.
Madrid ha puesto en marcha el ajuste más duro de la democracia. Pero
muchos analistas se quejan de la falta de detalle de un programa que
pretende recortar un déficit del 8,9% en 2011 al 3% en 2014. “Es
necesario concretar las medidas fiscales para llevar a cabo el ajuste de
2013 en adelante, la composición en ingreso y gasto, además de ir más
allá en la reforma laboral, reduciendo la dualidad”, agrega Pascual.
El FMI cuestiona que España cumpla los objetivos de déficit y ha
pedido a Rajoy más aceite de ricino: que suba el IVA, baje el sueldo de
los funcionarios y elimine las deducciones por vivienda, entre otras
medidas. Bruselas también pide una subida del impuesto sobre el consumo,
así como acelerar el aumento de la edad de jubilación, entre otras
medidas.
“No hay alternativa si queremos seguir en el euro: España ha perdido
la credibilidad y lo que debe hacer ahora es presentar un plan creíble,
razonable. Se ha hecho una reforma financiera por partes, pero hay que
abordar también los cambios de la función pública o profundizar en lo
laboral”, explica Xavier Vives, profesor de IESE y miembro del instituto
alemán IFO. “La gran duda que tienen los mercados es si España va a
poder pagar todo el dinero que debe fuera, sobre todo con unas
perspectivas de crecimiento tan bajo” añade Vives.
La deuda neta externa española (la diferencia entre lo que presta y
toma prestado del exterior) alcanza el 95% del PIB, el mismo nivel que
la maltrecha Grecia y solo superada por la también rescatada Portugal,
según datos del IFO.
Además de presentar un plan creíble y detallado, con un calendario lo
más preciso posible, medidas cuantificadas y soluciones de reserva, el
otro punto clave es evitar que se cierren los mercados a la financiación
de la deuda. En este sentido, preocupa mucho la posibilidad de que el
crédito europeo tenga carácter preferente respecto al resto de la deuda
ya existente. Es decir, que si España cayese en impago, sus actuales y
potenciales acreedores privados cobrarían después que los nuevos
prestamistas públicos.
Las condiciones se están negociando ahora y algunos inversores lo ven
crucial para evitar el rescate integral. El rescate de la banca
española se puede realizar a través del fondo de rescate temporal (el
EFSF), que no establece ese orden de cobro, o el mecanismo permanente
(MEDE), que sí lo fija y podría provocar una estampida de inversores.
“Es un peligro, a menos que el préstamo oficial sea a muy largo plazo
y con intereses bajos”, apunta Daniel Gros, del laboratorio de ideas
bruselense CEPS. “Una subordinación acabaría reduciendo aún más demanda
de la deuda que el Estado aún debe emitir si quiere evitar un rescate
integral”, corrobora Gianluca Ziuglio, del banco de inversión suizo UBS.
En cambio, García Pascual, de Barclays, quita hierro a este aspecto:
“Los bonistas privados están más protegidos con este acuerdo a pesar de
la subordinación [concepto técnico que hace referencia al orden de
cobro]. Si a España le dan un crédito al 3% y a 30 años, el bonista
queda más protegido porque mejora la solvencia de España”.
Los mercados no tienen suficiente con un programa de salvamento
bancario, miran con recelo todo lo que pueda ocurrir dentro de seis
años. Myles Bradshaw, de Pimco, otro de los grandes jugadores del
mercado de deuda, lanza su advertencia: “Para que funcione, este rescate
debería estar acompañado de otras iniciativas políticas a nivel europeo
que cambie las expectativas de los inversores e incentive el retorno
del capital a España. Sin esto, es difícil no ver este plan como un
precursor de mayores problemas”. elpais.es M3SS5
No hay comentarios:
Publicar un comentario