España dispondrá de 20 años para devolver el eurocrédito de hasta
100.000 millones de euros que pidió ayer a Europa para sanear a la
banca. Habrá cinco años de carencia -el ministro de Economía, Luis de
Guindos, había pedido diez- durante los cuáles sólo se pagarán los
intereses de la deuda, aplazando la amortización del capital, que no se
empezará a devolver hasta 2017. A partir de entonces, habrá 15 años para
satisfacer el préstamo.
"Lo que se discute ahora son
los plazos de vencimiento, de devolución, y los tipos de interés a
pagar, como cualquier familia que pide un crédito al banco", aseguró
el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, cuando
se le preguntó por las condiciones del rescate bancario, que, en teoría,
deben estar pactadas y cerradas antes del próximo 9 de julio.
El problema de España es que no ha pedido un préstamo normal, sino
uno tan elevado que, aunque la petición de ayuda se vaya haciendo de
forma gradual, de acuerdo con las necesidades, las condiciones para su
devolución resultan de vital importancia para que no se convierta en una
losa demasiado pesada para nuestro economía.
El pasado viernes, Guindos mostró su confianza en que el préstamo se
mueva en parámetros similares a los de otros países y que, por lo tanto,
tenga un plazo de amortización de al menos 15 años -el Gobierno
reconoce ya que los 30 años de los que se habló en un principio son
utópicos-, con un tipo de interés que se movería entre el 3 y el 4 por
ciento.
Aunque sean sólo cinco años, la firma del plazo de carencia es una condición fundamental para no ahogar a la economía. "Es
un periodo de gracia que permitiría al país recuperarse y lograr tasas
de crecimiento suficientes como para empezar a devolver el principal
dentro de cinco años en una situación en teoría mucho más cómoda", explica Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense.
Crecimiento
Pero, ¿a qué ritmo necesita crecer nuestro país para poder pagar el crédito sin sufrir una situación de asfixia financiera?
"La fórmula para que la deuda sea sostenible radica en que el
crecimiento económico, teniendo en cuenta la inflación, sea superior al
tipo de interés que se ha pactado", asegura Josep Lladós, de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Ahora mismo, en una situación de recesión, hasta un 3 por ciento
podría resultar así una tasa demasiado alta, pero dentro de 5 años la
cosa debería ser, en teoría, completamente distinta. "Se supone que con una inflación del entorno de un 2 por ciento,
nos bastaría con crecer al menos un punto de forma anual para no tener
problemas, con lo que muy mal tendría que estar la situación para que a
partir de 2017 no pudiéramos pagarlo sin problemas", insiste Lorenzo
Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket
International.
Lo más importante es que si Europa acepta este periodo de carencia,
el plazo de amortización posterior sería, además, lo suficientemente
amplio. Sería un colchón importante para los tres bancos nacionalizados
que se encuentran ahora mismo en una situación más crítica y que
necesitan una inyección urgente de capital -Bankia, NovaGalicia y
Catalunya Caixa-, pero también para todos aquellos que necesiten apoyo
exterior.
No hay que olvidar que aunque es el Estado el que actuará como
garante de la devolución, son las propias entidades las que tienen que
devolver el dinero. De hecho, el Gobierno no descarta todavía que la
ayuda se haga de forma directa a las entidades y no a través del Frob
(Fondo de Garantía de Depósitos), como se dijo en un principio.
En cualquier caso, "habrá tiempo de sobra para poder sanear la
banca con garantías y que no tenga que haber una liquidación desordenada
de sus activos tóxicos en el sector inmobiliario", aseguró Rubén Manso, inspector en excedencia del Banco de España.
Una cuestión de preferencia
Más
allá de los plazos, hay otro punto fundamental en la negociación:
establecer si el fondo de rescate tiene o no la condición de acreedor
preferente. Hay que tener en cuenta que el fondo temporal existente en
la actualidad no tiene ese carácter privilegiado, pero tanto Alemania como Francia pretenden que el crédito se articule a través del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que entra en vigor el 1 de julio y sustituye al anterior.
Y si es así la cosa cambia, porque sí que habría un trato
preferencial. Eso podría provocar el rechazo de los inversores a comprar
deuda española ante el temor de un default, con lo que la prima de
riesgo se dispararía. El ministro de Economía pretendía que hasta que
esto no quedara resuelto no se pidiera formalmente el rescate y por
eso lo ha ido aplazando. Pero la presión europea ha podido más y ayer realizó la solicitud formal. Y la renuncia a la preferencia no está garantizada. eleconomista.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario